Las personas menores de edad no son “menos” personas. Son, como los adultos, sujetos de derechos.

Las decisiones sanitarias se enmarcan en los derechos personalísimos que no pueden ser aplastados por un ejercicio aparentemente bienintencionado de protección.

Todo menor de edad, de forma proporcional a su grado de comprensión y madurez, tiene derecho a ser informado sobre su proceso de salud y sobre los procedimientos propuestos.

Para decisiones sanitarias, la legislación española considera mayores de edad a las personas con 16 años o más, salvo manifiesta situación de falta de competencia o en decisiones consideradas graves para su vida o su salud, a criterio facultativo.

Una persona de menos de 16 años puede prestar consentimiento si el profesional estima que tiene suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance del tratamiento a que se va a someter (“menor maduro”).

La valoración de la competencia y madurez del menor corresponde a los profesionales sanitarios para cada decisión y en cada contexto concreto, ponderando riesgos y beneficios.

Los profesionales de atención primaria se encuentran en una posición clave para valorar la competencia y madurez del menor, por su conocimiento narrativo de las historias de vida y valores de estas personas.

La quiebra de la confidencialidad que se produce cuando se implica a padres o tutores en contra de los deseos de una persona menor de 18 años, puede producir consecuencias que no compensen los beneficios de hacerlo.

Muchos de los dilemas alrededor de las decisiones sanitarias en menores se deben realmente a conflictos de valores o, simplemente, a problemas de comunicación, y no tanto a limitaciones de competencia para decidir de los propios adolescentes.

El verdadero reto para profesionales, padres y/o tutores es aprender a deliberar con esas personas que quieren proteger, creando entornos de confianza donde puedan confrontar perspectivas y valores, que están siempre en constante evolución.