La prescripción social o recomendación de activos puede entenderse como el proceso por el cual un profesional de la salud recomienda a un paciente “recursos” de su propia comunidad potencialmente beneficiosos para su salud y bienestar (también denominados “activos en salud”).

Las iniciativas de prescripción social están estrechamente vinculadas a una concepción de la salud que pone el énfasis en los orígenes del bienestar (modelo salutogénico), en contraposición al tradicional enfoque occidental centrado en la enfermedad y sus causas (modelo patogénico).

Los programas de prescripción social suelen estar dirigidos a pacientes que acuden a atención primaria, por lo que las recomendaciones suelen provenir de profesionales sanitarios y no sanitarios pertenecientes a dicho nivel asistencial. Sin embargo, la recomendación de activos no es patrimonio exclusivo del ámbito sanitario y puede realizarse desde otras entidades (municipales, asociativas) o la propia ciudadanía.

Existen diferentes modelos de prescripción social según el nivel de coordinación entre las entidades comunitarias y los servicios sanitarios, los agentes implicados y las características y necesidades de los pacientes y comunidades de referencia (consejo de activos comunitarios, recomendación de un activo específico, recomendación de activos facilitada y avanzada).

Las iniciativas de prescripción social son enormemente complejas. No solo por la multiplicidad de actores implicados y la existencia de diferentes modelos, sino también (sobre todo) porque se implementan y desarrollan en contextos político-sanitarios donde conviven múltiples (y con frecuencia, enfrentados) intereses y prioridades.

La evidencia científica sobre la prescripción social requiere de nuevas aproximaciones metodológicas que permitan comprender “cómo”, “para quién” y “en qué contexto” pueden (o no) funcionar.

Para que la prescripción social pueda responder a las particularidades y necesidades locales, fortalecer las dinámicas comunitarias existentes y mejorar la salud de las personas, debe constituirse de forma ascendente, potenciando en la medida de lo posible la participación comunitaria.

La apuesta por la prescripción social debería acompañarse de medidas (políticas y presupuestarias) que refuercen los servicios de atención primaria y garanticen la sostenibilidad, suficiencia y calidad de los activos comunitarios en el medio-largo plazo.